El Ministerio de Salud sacó a consulta pública del 12 de diciembre al 8 de enero del 2025 un decreto relacionado con el manejo de residuos sólidos en el país, tema que ha sido polémico durante este año, creando tensiones entre la cartera, las municipalidades y la Asamblea Legislativa.
Tal y como consta en la plataforma virtual del Sistema de Control Previo (Sicopre) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el “Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios en Costa Rica” busca ordenar diferentes aspectos a las municipalidades del país.
Según la publicación, la regulación pretende “reorganizar la gestión de residuos mediante el modelo de Mideplan que optimiza recursos y reduce impactos ambientales, financieros y sociales”. Se asegura que el objetivo es crear un sistema regionalizado para gestionar los residuos sólidos.
Pero, ¿qué establece el posible decreto? Primeramente, explica que se crearán “parques ambientales” que son instalaciones donde se separará, tratará, aprovechará y desecharán los residuos y “estaciones de transferencia” que recolectarán y trasportarán residuos dentro de una misma región o hacia parques ambientales cercanos.
Para determinar la ubicación, Salud realizaría estudios que consideren las características geográficas, densidad poblacional, generación de residuos por habitante y capacidad instalada de cada región del país para “identificar zonas estratégicas”.
Las regiones del país estarán encargadas de gestionar sus propios residuos, lo cual, según el Ministerio, minimizará la dependencia de otras regiones.
Si el decreto entra en vigencia, los gobiernos locales deberán implementar la recolección separada de residuos orgánicos y a partir de la publicación deberán alcanzar porcentajes mínimos de recolección distribuidos de la siguiente manera:
25% para el primer año.
50% para el segundo año.
75% para el tercer año.
100% para el cuarto año.
Este objetivo estará acompañado de programas de concienciación para fomentar la correcta clasificación en origen y la valorización de residuos orgánicos. Estas acciones deberán incorporarse en los planes municipales de gestión integral de residuos, propone el Ministerio en el documento.
En dicho reglamento se resalta que el artículo 30 de la Ley N. 8839 impone la obligación de las autoridades locales y empresas operadoras de servicios de gestión de residuos cumplir con las directrices del Ministerio de Salud. “Este reglamento es aplicable a todas las municipalidades y empresas de gestión de residuos autorizadas en Costa Rica”, establece Salud en el documento.
Problemática con residuos
Desde el mes de octubre, el Ministerio de Salud informó que la escasez de rellenos sanitarios en el país obliga a las municipalidades a recorrer largas distancias, lo cual “no solo aumenta los costos operativos de las municipalidades y los servicios de recolección, sino que también conllevan un impacto ambiental y a la salud pública significativo asociado al transporte de residuos a larga distancia”.
Esta misma cartera presentó un proyecto de ley en mayo que proponía que fueran ellos quienes emitan los certificados de uso de tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos.
Dentro de este proyecto se impulsa también el modelo de regionalización basado en las regiones establecidas por Mideplan, de la misma manera que se establece en el decreto.
El plan propone que cada región cuente con un sitio de disposición final de residuos sólidos, priorizando las zonas donde no hay o donde la vida útil de estos esté reducida, e incorpora unidades de transferencia como una herramienta que facilite el traslado de los residuos, así como nuevas tecnologías que se requieren para el tratamiento de los residuos orgánicos, la valorización, la obtención de energía a través de los residuos, como mecanismos que alarguen la vida útil de los rellenos, informó Salud en octubre, lo cual es muy similar al decreto que se encuentra en consulta pública.
El proyecto de ley, que pretende aspectos similares al decreto, fue dictaminado de manera afirmativa por parte de los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, pero tuvieron que corregir roces constitucionales que presentaba el proyecto original.
De acuerdo con Gilberth Jiménez, diputado liberacionista, los cambios buscan garantizar el debido proceso legal para la emisión de uso de suelos y Kattia Cambronero, independiente, aseguró que el proyecto del Ejecutivo no era una respuesta “oportuna ni real” al tema de los desechos sólidos.
En el texto sustitutivo se establece únicamente la planificación y la regionalización por parte del Ministerio de Salud para el ordenamiento y manejo de residuos. Ahora, la discusión sobre este proyecto de ley se dará en el plenario legislativo y mediante mociones de fondo los legisladores podrán presentar cambios.
Source
Ambar Segura
